POR ORION MEJIA.- Los informes sobre desempeño de la economía o de cualquier ente corporativo publico o privado parecen escritos en idioma ucraniano, difícil de entender y menos de digerir, pero siempre se pueden auscultar con el uso de la infalible herramienta del sentido común.
Funcionarios, economistas, empresarios, legisladores y dirigentes políticos abordaron con intensidad las falencias o bondades que atribuían al malogrado proyecto de reforma fiscal y ahora hacen muchos las veces de pitonisas para adivinar lo que ocurriría con las finanzas nacionales sin nuevas fuentes de ingresos.
Ese sentido común nos indica que el motivo principal de una reforma tributaria sería en primer término reducir el déficit fiscal que promedia desde 2019 un 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes en términos absolutos a unos RD$250 mil millones anuales.
Déficit fiscal es igual a deuda pública, cuyo monto al mes de agosto ascendió a US$57,596.0 millones, lo que en término porcentual equivale a 46.3% del PIB, en tanto que el servicio de esa deuda (pago de intereses y amortización de capital) representa el 27% del Presupuesto General del Estado, dólares más, dólares menos.
La fallida reforma fiscal procuraba recaudar unos 122 mil millones de pesos, equivalentes a 1.5% del Déficit Fiscal, estimado para 2024 en 3.0% del PIB, así como aumentar la presión tributaria (ingresos fiscales en proporción al PIB), de 14.9% a 16.4%, muy por debajo de la media de la región, que ronda el 21%.
Conviene precisar que el modelo económico dominicano no resistiría una presión tributaria superior al 18%, porque carece de un número suficientes de grandes aportantes y porque los que operan aquí (oro, turismo, zonas francas) gozan de contratos privilegiados a largo plazo.
Aquí no me refiero a la necesidad de financiar el déficit cuasi fiscal, porque en eso hay consenso entre gobierno, autoridades monetarias, empresariado y liderazgo político, pero lo que preocupa se enmarca en las figuras del endeudamiento y el déficit fiscal, que son harina de un mismo costal.
Ante el anuncio del presidente Luis Abinader, de que el gobierno no proyecta presentar otra reforma fiscal, las opciones para afrontar la relación negativa entre ingresos y egresos quedan reducidas al combate contra la evasión fiscal y a la necesidad de reducir y cualificar el gasto público, caminos que se desbrozan muy tímidamente.
Cada año la Administración Tributaria deja de recaudar entre el 4% y el 6% del PIB a causa de la evasión fiscal, incluido el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (Itebis). En lo que el hacha va y viene, de ese macuto se puede extraer una cifra cercana al 1.5% que generaría la inhábil reforma fiscal.
